El derecho de defensa está regulado en el artículo 24 de la Constitución española. En él se garantiza el derecho de todos los individuos a “obtener una tutela judicial efectiva tanto de los jueces como de los tribunales, sin que en ningún caso se produzca indefensión”. Además, también se reconoce el derecho de toda persona a ser “defendida por un Abogado e informada de la acusación formulada en su contra”.