¿Qué es un delito de malversación de fondos?
El delito de malversación de fondos consiste en adquirir dinero perteneciente a otra persona. Puede tratarse de un funcionario que se hace con dinero de los fondos públicos. Por otro lado, el del empleado de un banco que roba el dinero haciendo algún tipo de transferencia a su cuenta de forma ilegal. Existen muchas maneras de llevar a cabo este delito, y al parecer se ha puesto de moda.
Penas impuestas por malversación de fondos
Existen distintas sanciones para este tipo de delito, todo dependerá del grado de su gravedad y de los efectos adquiridos.
En ocasiones, un funcionario administra los bienes o valores del tipo que sean de forma distinta para el cual se le ha confiado. Este delito podrá ser castigado con pena de cárcel de 1 a 3 años. También será castigado con especial inhabilitación de su cargo y no podrá ser empleado en un sector público durante el tiempo estimado por el juez.
Cabe la posibilidad de que este hecho lo llevase a cabo con el fin de lucrarse, tanto para sí mismo o para terceros. En este caso, la pena de cárcel incrementaría de 3 a 5 años. Este castigo va acompañado de inhabilitación y suspensión de empleo público.
Las multas que antiguamente precedían a la pena de cárcel se han eliminado, incrementando en su lugar el tiempo en prisión.
Luchar contra la corrupción reforzando los castigos
Este tipo de reforma se establece para garantizar el bienestar de los fondos públicos. El compromiso está en combatir la corrupción y vivir en un país más fiable. Lo cierto es que las penas deberían ser más estrictas en cuanto a decisiones.
Los fondos públicos deben emplearse para la mejora de los servicios y el bien común. No deberían ser utilizados, en ningún caso, para el beneficio de nadie de forma ilegal.
Tras la reforma del artículo 432 del CP, a cambio de las multas habrá castigos más severos. En el caso de que hubiera provecho, la pena asciende a los 6 años de cárcel y especial inhabilitación de su cargo. La pega está en que, en muchos casos, el castigo con cárcel puede ser levantado y sustituido por otros. Esto quiere decir que, puede haber excarcelación. Por desgracia, eso podemos verlo casi a diario en las noticias. Las penas pueden ser menos graves si se devuelve la cantidad adquirida de manera fraudulenta.
Los intereses económicos de nuestro país son un bien común. Éstos deberían ser protegidos en favor a las comunidades y localidades por el bien de los ciudadanos. Al fin y al cabo, el fondo público lo aportamos entre todos. Con lo cual, todos deberíamos de estar en el derecho de opinar y participar en los procesos. Aunque para ello, queda mucho camino por recorrer.
Parece ser que la corrupción es un fenómeno que va en aumento. Puede llevarse a cabo de muchas maneras y las penas, tal vez, deberían ser más severas para frenar estos delitos.
El abuso del poder, el cohecho, la apropiación indebida, la malversación de fondos o el enriquecimiento ilícito, son los casos más frecuentes en cuanto a la administración pública.
