El derecho de defensa está regulado en el artículo 24 de la Constitución española. En él se garantiza el derecho de todos los individuos a “obtener una tutela judicial efectiva tanto de los jueces como de los tribunales, sin que en ningún caso se produzca indefensión”. Además, también se reconoce el derecho de toda persona a ser “defendida por un Abogado e informada de la acusación formulada en su contra”.
Es uno de los derechos fundamentales del ciudadano el poder disponer de un abogado, como mínimo de oficio.
Algo que en derecho no se ve con profundidad es el derecho de defensa y es algo fundamental para la unión europea.